Salvador Puig Antich fue ejecutado con el método del garrote vil en la cárcel Model de Barcelona hace 38 años, el 2 de marzo de 1974, a las 9.40. El activista, un barcelonés de veinte y cinco años, había sido condenado a muerte por un consejo de guerra franquista por haber participado en un atraco en el que había muerto el subinspector de 23 años Francisco Anguas Barragán.
Puig Antich pertenecía al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anarquista ligado al movimiento obrero y después del atraco a una oficina de La Caixa en Bellver de Cerdanya, comenzó una fuerte ofensiva policial contra sus militantes.
Algunos de los compañeros fueron detenidos y uno de ellos, Santi Soler, fue utilizado de trampa por la policía para detener Puig Antich y Xavier Garriga el 25 de septiembre de 1973 en la esquina entre las calles Girona y Consell de Cent de Barcelona. Los dos activistas fueron detenidos en el bar Funicular y acto seguido los policías entraron con los detenidos en el portal del número 70 de la calle Girona, donde tuvo lugar un tiroteo a consecuencia del cual Puig Antich quedó malherido y Anguas Barragán resultó muerto.
Como consecuencia fue condenado a muerte por un consejo de guerra franquista. Al conocerse la condena, se inició una campaña internacional para evitar su ejecución, pero el régimen franquista, ya en las postrimerías y fuerza debilidad, quiso hacer una demostración pública de fuerza meses después de que ETA matara Carrero Blanco -en diciembre de 1973-. El mismo día y por el mismo método fue ejecutado en Tarragona Georg Michael Welzel en lo que se consideró un intento de las autoridades franquistas de distraer la atención respecto a la ejecución del activista.
La familia del activista intentó que se revisara el caso en el año 1994, pero esta petición fue denegada por parte del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo. Posteriormente, en el año 2006 tuvo lugar una nueva iniciativa de los familiares y de diversos colectivos para la revisión de juicio, alegando que las pruebas inculpatorias habían sido manipuladas.
En julio de 2007 el Tribunal Supremo rechazó definitivamente la revisión del caso al considerar que las pruebas no aportaban nada nuevo y acordó, por ejemplo, la inadmisión del informe de la autopsia del subinspector Francisco Anguas, por cuya muerte fue ejecutado el anarquista catalán, al considerarla una prueba "inútil e innecesaria".
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